Ya son conocidas las normas de China para regular la IA, especialmente las generativas. Así, el gigante asiático se convirtió en uno de los primeros países en regular la tecnología que está detrás de servicios populares como ChatGPT.

La Administración del Ciberespacio de China difundió las directrices actualizadas para gestionar el floreciente sector de la inteligencia artificial. Las normas entrarán en vigor el 15 de agosto.

El ente es el principal organismo de vigilancia de Internet del país comunista, que suele censurar medios y plataformas.

En comparación con un borrador preliminar publicado en abril, la versión publicada, que se denomina «medidas provisionales», parece haber relajado varias disposiciones anunciadas anteriormente.

Que las normas de China sean menos fuertes que las del borrador indica que el Gobierno ve una oportunidad en las inteligencias artificiales. Una de esas opciones puede ser el incremento del empleo.

¿Cuáles son las normas de China sobre la IA?

Las normas de China solo se aplicarán a los servicios disponibles para el público en general en el país. Quedan exentas además las tecnologías desarrolladas en instituciones de investigación o destinadas a usuarios extranjeros.

En la versión publicada de las normas de China el ente suprimió las medidas punitivas, que incluían multas de hasta 100.000 yuanes (US$ 14.027) en caso de infracción.

El Estado «fomenta el uso innovador de la IA generativa en todas las industrias y campos» y apoya el desarrollo de chips, software, herramientas, potencia de cálculo y fuentes de datos «seguros y fiables», según el documento que anuncia las normas.

China también insta a las plataformas a «participar en la formulación de normas y estándares internacionales» relacionados con la IA generativa.

Requisito indispensable para proveedores

Entre las principales disposiciones de las normas de Chine figura el requisito de que los proveedores de servicios de IA generativa realicen revisiones de seguridad.

Además, están obligados a registrar sus algoritmos ante el Gobierno si sus servicios pueden influir en la opinión pública o pueden «movilizar» al público.